La estadounidense Electronic Frontier Foundation se ha hecho eco de un
pedido por parte de una serie de colectivos tecnológicos colombianos,
encabezados por la Fundación Karisma, en una "Carta Abierta a la
Comisión Interamericana de DD.HH".

En ella los colectivos digitales aducen la necesidad de incorporar lo
que consideran "violaciones de derechos humanos ocurridas a través del
uso de herramientas tecnológicas y en el ámbito digital", acaecidas
durante las protestas y las acciones de lucha emprendidas en Colombia

Se destacan allí tres ejes en la problemática del Estado contra la libre
expresión en las redes de datos, las que desean poner a consideración de
la CIDH.

- Actores del Estado colombiano califican de "TERRORISTAS DIGITALES" por
el uso de redes de datos para organizar protestas y acción política
activa.

- El Estado Colombiano hace uso técnico y jurídico de una capacidad
tecnológica para impedir el libre acceso a las redes de datos
(inhibidores de señal, corte del servicio, anulación de acceso a URLs,
etc).

- Las empresas de capital privado como rol de intermediario en el
ejercicio de la acción de protesta.

Sobre esto quisiera considerar que si bien es correcta la alarma y
apreciación que hacen - y diría - indudablemnete fundamental que lo
hagan, también es importante recordar que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos también se ha erigido en una fuerza política de choque
para desestabilizar gobiernos en la región. Todo ha dependido del metié
político del momento...

El rol de las empresas de capital privado como intermediario en el
tráfico de comunicaciones SIEMPRE es pernicioso. La red debe ser neutra.
Pero también veo que en el caso de los fundamentos de desestabilización,
han sido los grandes multimedios los que han propugnado golpes
ilegítimos del poder. El derecho a la protesta no debe consolidar un
modelo donde grandes multimedios acrecienten un poder omnímodo. En
Venezuela en el año 2003 se utilizó a mansalva una operación de velo y
engaño empleando la técnica televisiva, y fue la información
transportada a través de las emisoras de frecuencia modulada lo que
permitió contrarrestar una campaá de desinformación.

Esto nos lleva a ver que, al día de hoy, si bien la lid política se
define en el territorio electoral, el acceso al poder se correlaciona
con el dominio de los medios técnicos. Estos, considero, deben estar
legalmente subordinados a potentísimas reglamentaciones que los tornen
en políticamente plurales, desbancando entonces un rol pecuniario que
debe considerarse a todas luces secundario.