En el año 2019 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) implementó 
de manera inconsulta e inconstitucional un un Sistema de Reconocimiento 
Facial de Prófugos (SRFP) a través de un despliegue inicial de 300 cámaras 
repartidas en lugares estratégicos como estaciones de subtes, trenes y avenidas 
importantes. Este sistema funciona mediante algoritmos de software que comparan
lo que obtienen de las cámaras de vigilancia con la base de datos biometricas 
que el Estado posee. El objetivo es, básicamente, rastrear posibles prófugos o 
fugitivos de la ley mediante un sistema de alarmas automáticas que todo el 
tiempo están vigilando a los individuos.

Cualquier persona se transforma en un posible sospechoso para quién esté bajo 
el ojo del SRFP. Todo tipo de derechos y garantías se vulneran con la implementación
de este sistema, que elimina la presunción de inocencia en las personas y vulnera 
los datos personales. Además, como las cámaras no descansan y los algoritmos no conocen
de leyes, constantemente escanean y parametrizan a niñes, vulnerando todo tipo de 
derechos y pactos internacionales. Además, como todas las personas en la vía pública
que pasan frente a una cámara son identificadas y “perfiladas” por un algoritmo del
cual desconocemos sus fines, se vulnera el derecho de reunión en la vía pública.

Por otro lado, al ser el software una licencia de una empresa (de la cual, dicho sea 
de paso, sabemos poco y nada) no podemos conocer que está haciendo realmente. Ni 
siquiera las autoridades deben saber a ciencia cierta cómo funciona, de qué manera
parametriza a las personas ni tantísimas cosas más. ¿Que vulnerabilidades tendrá?
¿Qué bugs poseerá? Hablamos de un sistema que no solo ha fallado en varias ocasiones,
dejando detenidos a ciudadanes sino que además posee grandes sesgos raciales o de género.

Por esta razón, el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) realizó 
un pedido de información apenas se implementó este sistema, que el GCBA demoró en 
contestar, y cuando lo hizo, fue de manera totalmente incompleta. En el medio, en 
un hecho bochornoso, la legislatura de la CABA votó a favor del sistema, aprobándolo 
gracias a la mayoría que posee Juntos por el Algoritmo.

Ante la negativa del GCBA de otorgar información precisa de cómo funciona el SRFP, 
ODIA presentó una medida de amparo para detener el sistema. Actualmente el proceso se 
halla en una instancia llamada amicus curiae, un mecanismo que tiene la sociedad civil 
para acercarse a la decisión de la justicia, es decir, una presentación o demanda en base 
a algún proceso judicial. Esta instancia la dispuso el juez de la causa, por lo cual resulta 
sumamente importante que la ciudadanía participe dando su opinión.

En este sitio de ODIA pueden ver cómo hacerlo. 

https://amicus.odia.legal/

¡Tenemos tiempo hasta el 22 de septiembre! 
Es importantisimo que podamos dar nuestra voz para intentar frenar este delirio fascista.

Desde Rebelion Digital y Cybercirujas, nos unimos plenamente para movilizar este reclamo. 
Instamos a todes lxs colectivxs de hacktivistas, militantes sociales, culturales y políticos 
de todo tipo a que presenten su amicus curiae.